El caso arranca en Florida (EE. UU.), donde el jugador Antonio Hernández ha presentado una demanda contra la empresa IGE, que ofrece estos servicios. El demandante alega que este tipo de compras no sólo van en contra de la política del MMO, sino que también sirven para desestabilizar la economía del mundo virtual.
El abogado de Hernández asegura que este tipo de acciones infringen los derechos de los jugadores. Por su parte, la defensa de IGE esgrime que el jugador no tiene derecho alguno a presentar esta demanda, pues no es el propietario de los derechos del título.
Desde Blizzard, Paul Sams ofrece su apoyo al demandante y opina que de aceptarse a trámite esta demanda, la posible posterior pena legal aplicada a la empresa IGE beneficiaría a los usuarios de World of Warcraft. No obstante, cabe destacar que en anteriores ocasiones, demandas similares no han sido admitidas a trámite por las autoridades judiciales de EE. UU.
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